Cuenta la Biblia, en concreto en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32, que en el ejemplo con el que Jeixua ilustró su parábola, cuando el hijo prodigo volvió al hogar paterno tras malgastar el dinero de la parte correspondiente a su herencia, no hubo reproches por parte del padre, el cual le acogió y devolvió su lugar en la casa, la familia y los negocios. Más allá de los celos justificados del otro hermano, el hijo que había experimentado que no estaba maduro para autogobernarse, volvió a la tutela familiar.
En el año 1982, veinte siglos después de aquella hipotética tertulia, el territorio al levante de la península ibérica conocido por unos como ‘Comunidad Valenciana’, por otros como ‘País Valencià’ y por los menos como ‘Reino de Valencia’ aprobó su Estatuto de Autonomía, que a su vez fue reformado por intereses políticos en 2006, pero esto es otra historia.
En la práctica, esto suponía que por primera vez en la historia, el gobierno de su territorio inmediato y sus gobernantes serian elegidos por el pueblo al que pertenecían. Democráticamente podía elegirse a los mejores para autogestionarse, sin responder ante nobles, reyes o gobiernos centrales dentro, eso si de unos limites aceptados por todos, España, el estado español y la Unión Europea posteriormente.
Esto, que podía ser una magnifica forma de gobierno, se quedó en la idea solamente. Los políticos de todos los partidos regionales se dedicaron a acumular competencias, y con ello fondos, y a gastarlos alegremente sin ton ni son. Tirando con pólvora de rey, se dilapido la riqueza acumulada en el periodo de mayor bienestar del país, y ni se invirtió en el futuro, ni se cimentó el presente adecuadamente. Está situación no se dio solo lamentablemente en la gestión autonómica, si no en ayuntamientos, diputaciones, y en todas las organizaciones con minima representatividad. Fuimos ricos antes de tener riqueza, y ahora no somos pobres, si no que estamos arruinados.
Pero el sistema ideal planteado originalmente, tenia una formula maestra para evitar la bancarrota y la mala gestión, y culpar a los responsables de está, la elección de gestores cada 4 años mediante elecciones libres. Pero el sistema también falló por donde menos se esperaba, la ciudadanía, y ningún gestor fue castigado por ello. Las elecciones siguieron eligiendo a los mismos gestores que vendían pan y circo a los ciudadanos, que mostraban las bondades de su gestión y que en definitiva eran pésimos, paupérrimos gestores del bien común. Estos, bien por ignorancia, por engaño o por dejadez (no podría decidir cual seria la más grave de todas) continuaron y animaron los disparos, mostrando una vez más su incapacidad para decidir su destino, o al menos parte de él. Así pues, pudiendo solucionar el problema fácilmente, eligiendo otros gestores o bien proponiéndose ellos mismos como tales, los ciudadanos pasaron a ser una parte más del problema, por diversas causas.
Solucionemos el problema ahora, antes de hundirnos. Quizás sea el momento de reconocer nuestra incapacidad, al menos en parte. Quizás, como el hijo prodigo, debamos hacer autocrítica, al menos parcial. No propongo aquí que se disuelva la comunidad autónoma, ni que se elimine la gestión autonómica. De eso me bastaría con eliminar las diputaciones y la duplicidad de administraciones. Con una administración inútil nos basta, la verdad.
Pero no nos desviemos, la idea que vengo a proponer es simple. Por ley, por sentido común y por convicción, hay una serie de servicios que la administración, sea cual sea, debe garantizar a sus ciudadanos por encima de todo, y que en nuestra comunidad, por todo lo anterior y muchas cosas más, no se dan. Una educación y una sanidad pública, de garantías, con calidad y gratuita; una justicia justa (aunque suene raro) e igual para todos más allá de su condición; y una sociedad segura y pacifica, respetuosa y tolerante. Estos son los mínimos exigibles a un estado del bienestar, a una sociedad occidental moderna, y a nuestra región.
Si hemos demostrado que nuestros gestores no son capaces de gestionar estas condiciones mínimas, y hemos demostrado que no somos capaces por sí solos de elegir a unos gestores competentes, quizás deberíamos devolver por un tiempo dichas competencias, a saber sanidad, educación, justicia y servicios sociales a la administración central. Como el hijo prodigo, debemos volver atrás para poder crecer algún día. Si cinco millones no saben dirigirse, mejor que seamos cuarenta y cinco millones los que elijamos. Quizás así, al igual que el hijo prodigo, valoremos lo que teníamos, para no volver a perderlo ni a dejarlo en malas manos.
